Tras acuerdo de los bloques en Diputados, el proyecto recibiría dictamen el miércoles. La Justicia podrá allanar propiedades de legisladores nacionales, lo que hoy está vedado.
Buenos Aires. La Cámara de Diputados avanzará esta semana en el dictamen de un proyecto para reformar la Ley de Fueros, que busca facilitar las acciones de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, lo cual le permitiría aprobar con amplio consenso el proyecto en el recinto.
La iniciativa unificada recibiría dictamen el miércoles próximo en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO), con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores.
Luego de varias postergaciones, el oficialismo y los principales bloques opositores –excepto el FPV-PJ, que está en contra– lograron acordar un dictamen unificado sobre la base de las propuestas impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador, para quitar la prerrogativa que tienen los parlamentarios, por la cual un juez debe pedir primero el desafuero cuando tiene que allanar un domicilio, como sucedió en la causa donde está investigado el exministro Julio De Vido.
El oficialismo necesita el acuerdo de otros bloques parlamentarios porque no tiene mayoría y para eso se lograron compatibilizar los proyectos presentados por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, y de la massista Graciela Camaño.
“Desde Cambiemos éramos partidarios de eliminar ese párrafo de los allanamientos para que los legisladores sean como cualquier ciudadano, pero no logramos consenso con la gente del Frente Renovador y del bloque justicialista. Llegamos a un dictamen consensuado con una solución intermedia: en lugar de solicitar la autorización de la Cámara, bastará con que el juez informe al presidente del cuerpo”, admitió Tonelli.
Según el texto, y ante el supuesto de un pedido de allanamiento, la comunicación se realizará al solo efecto de que el presidente de la cámara respectiva “tome conocimiento de la medida ordenada” y no como establecía la Ley de Fueros, que requería autorización de la cámara para hacer efectiva la actuación de la Justicia.
La iniciativa establece además que el presidente de la cámara debe designar a un legislador perteneciente a un bloque diferente del legislador afectado por la decisión judicial, para que se haga presente durante el allanamiento aunque, aclara, que ambos “deberán guardar reserva de las medidas hasta tanto se hagan efectivas”. Entre otras cuestiones, el dictamen obliga al juez –en caso de sentencia condenatoria o verificada su inasistencia a la indagatoria– a pedir el desafuero del legislador dentro de las 48 horas y establece que esa solicitud deberá ser girada dentro de las 24 horas a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara correspondiente.
El debate se reavivó este año luego de que, en mayo, el juez federal Luis Rodríguez debió suspender el allanamiento a un domicilio de De Vido en una causa por supuesto enriquecimiento.
Sobornos en el Senado. Germen de la 25.320. En el año 2000, luego del escándalo por el pago de sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral, se sancionó la Ley de Fueros 25.320, que prohíbe los allanamientos a los domicilios de los diputados o senadores “sin la autorización expresa de cada cámara parlamentaria”.