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Con todas las estadísticas y opiniones serias que coinciden en que la Argentina va camino a superar largamente los 100 mil muertos en el corto plazo, y con la crisis de abastecimiento de vacunas a la vista de especialistas y observadores, es cada vez más inaceptable que el Gobierno no facilite en forma urgente la llegada de las tres vacunas que producen los laboratorios de EE.UU.: Pfizer. Moderna y Janssen.
Debería ser la prioridad absoluta del presidente de la Nación, Alberto Fernández. A esta altura, ya no vale la pena discutir ni lo realizado ni la ideología. Los resultados están a la vista. Y, si aún así, el Gobierno para el abastecimiento del Estado quiere insistir con Rusia, China, Cuba y solo AstraZeneca que lo haga.
Pero que permita que el sector privado, 20 millones de argentinos que se atienden por hospitales, sanatorios, clínicas, prepagas y obras sociales, todas de gestión privada, puedan comprar y aplicarse las vacunas que faltan, y el país necesita cada vez más, ya como una cuestión de emergencia humanitaria. Que disponga un impuesto si quiere el Estado a la importación, pero que las deje ingresar.
Se necesita determinación política. Nada más. Un decreto de necesidad y urgencia que destrabe los problemas legales que reclaman los laboratorios, ordenar de inmediato a la Anmat que apruebe las dos vacunas de EE.UU. que aún no están autorizadas (Janssen y Moderna), que se permita que todo centro de salud autorizado para operar pueda comprar, vender y aplicar vacunas. Un detalle: para no afectar las reservas, que el Banco Central permita a los privados pagar las vacunas que lleguen del exterior a través del dólar legal y libre, vía el contado con liquidación o dólar bolsa.
Si el Estado bajo el gobierno de Alberto y Cristina quieren seguir con el Gran Circo de Moscú, las vacunas chinas, el viejazo setentista de las vacunas y el modelo sanitario cubano, cerca de dictadores como Nicolás Maduro o Daniel Ortega y demás disparates, adelante. Pero que no se embarque al país en una tragedia sanitaria por impedir que el sector privado pueda acceder a las vacunas.
Rusia ya anunció que dará prioridad a sus ciudadanos en la producción de vacunas, en un país donde 70% de la gente prefiere comprar en las farmacias medicamentos extranjeros.
El Estado en la Argentina no tiene ningún derecho a impedir a los ciudadanos acceder a los medicamentos. Es falso que debe existir un monopolio estatal en la vacunación. Ya se demostró que fue un fracaso, además de los penosos espectáculos de corrupción estatal en la malversación de las vacunas.
Lo más grave, la realidad: todos los proveedores que eligió el Estado para imponer las únicas vacunas disponibles en el país tuvieron problemas. Rusia no las puede producir a escala suficiente, The New York Times informó que las Chinas tienen baja efectividad y AstraZeneca recién comienza a normalizar las primeras entregas después de severos retrasos.
Hoy más de 10 millones de argentinos esperan angustiados la segunda dosis que no saben si les llegará a tiempo. Sobre todo, los que recibieron la Sputnik 1. Hay quienes ya planean viajar a EE.UU. para complementar la Sputnik 1 con la Pfizer 1. Liberar el ingreso de las vacunas de EE.UU. ya es una urgencia humanitaria, si es que lo que podría salvar muchas vidas es la combinación de vacunas, sobre todo con las de EE.UU.
Las autoridades apuntan también a combinar vacunas, pero necesita las de ARN mensajero para mayor seguridad. Y para poder seguir adelante con el plan de vacunación masiva y militante de una dosis para los menores de 60 o 50 años.
Mantener cerrado el país a las vacunas de EE.UU. y profundizar el férreo monopolio estatal y centralizado es el peor camino. Abrir el juego y permitir que ayude el sector privado debería facilitarlo el Gobierno hasta en defensa propia. Claramente para dejar de perder votos. Todas las encuestas revelan que la gente está cada vez más harta de la gestión política hoy en el país.
La batalla electoral y la amenaza de una radicalización mayor del Gobierno después de las elecciones, con más estatizaciones y mayores ataques a las empresas y la propiedad privada, no permite recuperar la confianza entre los inversores.
Ni siquiera alcanzó a convencer demasiado la reaparición de Martín Guzmán anunciando que se evita el default con el Club de París y se patea toda la negociación para marzo de 2022.
El problema es saber dónde estará la Argentina para entonces. El ministro Guzmán, resucitado ahora como faro de Occidente ante las temerarias propuestas económicas que llegan de mayores estatizaciones, desde la salud hasta el dragado del Paraná: ¿ Seguirá en su cargo en marzo de 2022?
Cómo hará el país para resolver los desequilibrios cada vez más profundos de la economía. Llega una explosión de gasto público sin respaldo que sin duda pasará la cuenta después de las elecciones. Igual que el atraso tarifario, combustibles y el dólar. Si la brecha sigue subiendo como todos pronostican: ¿El Gobierna va a devaluar o va a perseguir cada vez más a los exportadores o a los tenedores de dólares?
El problema de la bimonetariedad que señala Cristina en sus libros (que sobran pesos que nadie quiere y faltan dólares que el Gobierno se trata de apropiar), el tema que según la vicepresidenta requiere de un acuerdo político para que el país sea gobernable: ¿Se resolverá después de las elecciones por las buenas o por las malas?
El resultado de las elecciones mucho tiene que ver con la forma en que el Gobierno llevará adelante la segunda parte del actual mandato. Sobre todo en un país arrasado por la crisis sanitaria y la mayor penuria socio-económica que se recuerda desde el estallido de 2001.