Los cambios que impulsa el Gobierno para la entrega de los planes sociales provocaron resistencia entre las organizaciones ligadas a los beneficiarios. “Puro marketing”, definió Juan Grabois, dirigente de la CTEP (Corriente de Trabajadores de la Economía Popular). “Cambian planes de trabajo por planes de capacitación; creen que el mercado va a resolver el problema del trabajo”, criticó Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita.
La iniciativa del Gobierno, trascendió, permitiría al Estado ahorrar unos 1.500 millones de pesos al año.La iniciativa tiene dos partes: por un lado, reforzará los requisitos exigidos a los beneficiarios, como la obligatoriedad de tener terminado la escuela secundaria.Por el otro, tendrá impacto en los movimientos sociales y los municipios, quienes están a cargo de las llamadas “Unidades Ejecutoras”.
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