El Gobierno nacional reiteró ayer su rechazo a la decisión de la Justicia de liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, las cabezas del Grupo Indalo, y el exdiputado nacional Ricardo Gil Lavedra, como abogado de la Afip, explicó cuál es la principal preocupación: “El cambio de calificación del delito podría permitir que mediante sólo el pago de una multa se extinga la acción penal y así se evite ir a juicio”.
Tanto el Gobierno como el fiscal de Cámara, Germán Moldes, anunciaron que apelarán la medida resuelta por la Sala I de la Cámara Federal porteña.El viernes pasado, la Cámara confirmó los procesamientos, pero cambió la calificación de “administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional” a “apropiación indebida de tributos”.
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