La procuradora general de la Nación habría mentido en una declaración ante la Justicia. Primero reconoció gestiones para el negocio y luego, afirmó que se había enterado por la prensa.
Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, parece involucrada en un problema legal de gravedad de acuerdo a lo denunciado este domingo por el periodista Luis Majul.
En su programa "La Cornisa", Majul aseguró que Gils Carbó le mintió a la Justicia en la causa por la compra del edificio de la Procuración, que costó unos 43 millones de pesos y por el que se investigan comisiones millonarias.
Según Majul, la procuradora presentó una declaración espontánea el pasado 21 de noviembre de 2016, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Lo hizo en el marco de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento a Lázaro Báez (en la "ruta del dinero K").
Gils Carbó negó haber actuado para favorecer a Báez, pero vio la necesidad de explicar dos llamados telefónicos (en la causa se había hecho un seguimiento de los teléfonos de la procuradora).
La primera llamada, según se vio en "La Cornisa", data del 15 de abril de 2013. En esa comunicación, Gils Carbó llamó a quien era subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi.
Mientras que el segundo es un llamado que recibió Gils Carbó, desde una línea de la Secretaría General de la Presidencia y está registrada el 18 de abril del mismo año.
"Informo a V.S. (Vuestra Señoría) que dichos llamados tuvieron que ver con la solicitud de una ampliación presupuestaria de $ 40 millones (pesos cuarenta millones) a efectos de adquirir inmuebles para esta Procuración General de la Nación", explicó Gils Carbó en esa declaración, que reproduce Clarín.