Tres años después de haber fracasado un proyecto similar, la Legislatura provincial convertirá en ley esta tarde un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de garantías para la prestación mínima de servicios de conflictos laborales.
La iniciativa, hija directa del extenso conflicto laboral de los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), es fuertemente resistida por los sectores de izquierda, por el kirchnerismo y por los gremios, que sostienen que es inconstitucional reglamentar el derecho a huelga.La Legislatura aprobará hoy la obligación de avisar con tiempo sobre las medidas de fuerza y mantener guardias mínimas. El kirchnerismo, la izquierda y los gremios aducen que la iniciativa es inconstitucional.
Política
