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El presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, aseguró que para 2018 no está previsto tomar personal y defendió la tarea legislativa en la provincia. Desde Villa Dolores, ayer habló con este diario.
-¿Por qué creció tanto la planta de personal de la Legislatura?El presidente provisorio de la Legislatura defendió el trabajo legislativo y dijo que el costo es bajo respecto de otras provincias.   
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La discusión de temas centrales en materia de empleo como la reforma laboral impulsada por Nación y los parámetros de recomposición salarial en un contexto de baja previsibilidad –con cambios de metas inflacionarias, escalada del dólar y modificaciones impositivas–, encuentra al arco sindical cordobés atomizado y, aún más, sin iniciativas visibles de acercamiento a la unidad.La atomización es la constante en un año de discusiones clave en materia de empleo. Discrepancias tácticas y políticas dividen a las centrales obreras y crean líneas internas.
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Desde su búnker de avenida Vélez Sársfield, cerca de la Casa Radical, el actual titular de Arsat y exdiputado provincial Rodrigo de Loredo anuncia su intención de ir por la intendencia.
–¿Cambiemos puede ganar en Capital y en la provincia?

Mucho se habla y se escribe sobre la pulseada por el poder provincial, pero en el 2019 también se elegirá al intendente de la ciudad de Córdoba, el sillón más codiciado luego del de gobernador. Hay más dudas que certezas, pero en el PJ y Cambiemos ya hay varios anotados para la segunda pulseada por el poder en la provincia.La fecha de elección y las candidaturas en la ciudad de Córdoba están atadas a los acuerdos por el poder en la provincia. Macri y Schiaretti influirán. Mestre tiene la herramienta de fijar el día de los comicios.
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“¿Está de acuerdo con reformar la Constitución de la Provincia para cambiar la actual Legislatura de dos cámaras con un total de 133 miembros por una sola cámara con un máximo de 70 legisladores?”. Esa era la consigna que elaboró el entonces gobernador José Manuel de la Sota en julio de 2001, cuando les preguntó a los cordobeses mediante consulta popular si estaban o no de acuerdo con reducir el costo de la política.Hoy se pagan 1.507 sueldos legislativos. En 2001, cuando era bicameral, había 1.476 empleados. En 2002 había bajado a 980. En la Legislatura trabajan 1.260 personas.

Según el relevamiento que realizó La Voz sobre las versiones taquigráficas y los diarios de sesiones de 2017, hubo una concejala que nunca hizo uso de la palabra en todo el período legislativo.
Se trata de la representante de Juntos por Córdoba Cristina del Valle Marchisio, quien se ubica en primera fila en el recinto. No obstante, sí logró que se aprobara un proyecto de su autoría: una ordenanza que permite que los centros vecinales dispongan de un día festivo. Los también oficialistas Mauricio Casas y Mónica Aguilera hicieron uso de la palabra en apenas una sesión.Política

Entre los proyectos de ordenanza presentados en 2017 hubo verdaderas singularidades y esta lista es una selección de los cinco destacados. Ninguno de ellos tuvo éxito legislativo, pero merecen ser destacados, antes de pasar al olvido.
“Delivery” de serenatas
El 9 de septiembre el edil del bloque ADN David Urreta presentó una iniciativa, para que los vecinos de Córdoba puedan pedir que las formaciones musicales de la Municipalidad les toquen serenatas de modo gratuito.Ninguno de ellos tuvo éxito legislativo.
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Humberto Monteros, el exsecretario general de la Uocra Bahía Blanca detenido el jueves con acusación de asociación ilícita y extorsión, se negó a declarar ayer, del mismo modo que José Bernardo Burgos, exsecretario adjunto del sindicato.

La cuestión no tuvo tanta repercusión mediática, en medio del debate por la reforma laboral y de la preocupación oficial por la alta inflación de diciembre, pero el radicalismo nacional hizo su primera movida concreta para marcarle límites al presidente Mauricio Macri: con dos cordobeses como protagonistas, el partido le pidió al Gobierno nacional que dé marcha atrás en su decisión de vender la porción del Estado de la empresa Transener.

Buenos Aires. El Gobierno y el Banco Central decidieron autorizar el embargo de las cuentas sueldo de los trabajadores por deudas impagas o mandatos judiciales, aunque establecieron un límite preciso.
Hasta el momento, la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo 27.320 determinaba que por “la traba de cualquier embargo preventivo o ejecutivo” se le debía pedir al empleador que retenga el dinero.En el Gobierno explican que si bien las cuentas eran inembargables, no lo eran los salarios. 
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