Los vehículos secuestrados en causas penales que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) están a cargo de una oficina en la que trabajan tres personas y depende de la Secretaría General, dirigida por Luis Sosa Lanza Castelli.
El funcionario dijo a este diario que los depositarios de los vehículos tienen la obligación de pagar las multas por las infracciones que cometen, mantenerlos en buenas condiciones, contratar un seguro y llevar la calcomanía con el nombre de la institución y otra que indique que se trata de un vehículo administrado por el TSJ.Lanza Castelli contó que en varias ocasiones retiraron vehículos a organizaciones que no cumplieron los requisitos, y que el préstamo de los autos debe ser renovado cada año.
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